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Portugal insiste: congelar las rentas no es la solución para el mercado del alquiler luso

Gtres
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Autor: Redacción

Portugal vuelve a dejar claro que no va a intervenir en el mercado del alquiler. Así de claro lo ha dejado el primer ministro luso, Antonio Costa, en una entrevista concedida a Bloomberg.

Según el máximo representante político del país, la congelación de las rentas por un periodo de cinco años que va a activar próximamente Berlín puede ser una solución para la capital alemana, pero no para Lisboa, a pesar de que los precios de los arrendamientos en la capital se han duplicado desde 2012.

Ya tuvimos la experiencia de congelar las rentas durante 40 años y es una muy mala solución para preservar y renovar la ciudad, porque las restricciones disuadieron a los propietarios a mejorar sus inmuebles. Necesitamos gestionar el mercado para frenar la especulación, pero hay otras herramientas para conseguirlo más allá de congelar las rentas. Quizá en Berlín sí sea una buena solución”, ha asegurado el mandatario portugués.

Según las cifras de Eurostat, Portugal es el segundo mercado inmobiliario más ‘caliente’ en Europa occidental, solo superado por Luxemburgo. En ambos países el precio de la vivienda ha crecido a doble dígito en el último año, frente al alza cercana al 5% que han experimentado países como Alemania y España y al 4,1% que ha subido el promedio comunitario.

Estas subidas coinciden con el tirón que está teniendo la famosa ‘Golden Visa’ entre los compradores extranjeros, y sobre todo chinos, interesados en Lisboa y Oporto. Según Bloomberg, los foráneos han invertido en torno a 4.500 millones de euros.

A pesar de estas cifras, la apuesta lusa se basa en aumentar la seguridad de los propietarios y en aprovechar el apetito de los inversores por el sector inmobiliario en un momento de bajos tipos de interés y de pérdida de interés por otras inversiones como los bonos o los depósitos bancarios, así como por otros factores como sus buenos fundamentales económicos, su tirón turístico y sus mejores costes laborales e inmobiliarios. 

“Necesitamos entender qué está pasando actualmente en el mercado del 'real estate'. Con los tipos de interés tan bajos, el inmobiliario es el refugio de muchos inversores. Y esto no sucede solo en Berlín o Lisboa, sino que es un problema global en todas las ciudades del mundo”, ha recalcado Costa.

Críticas al modelo de Berlín

Son muchos los expertos que critican las medidas que está tomando la capital alemana para poner freno a la escalada de precios del alquiler. Ya en 2015 decidió limitar la subida de las rentas a un 10%, pero no funcionó. Desde dicho año, los precios se han disparado más de un 30%.

Por eso, en 2019 aprobó una congelación de las rentas durante cinco años (una medida que entrará en vigor este primer trimestre) y que incluye sanciones de hasta 500.000 euros para los incumplidores.

Una medida que, según recalcó en las jornadas inmonext 2020 Marc Stlike, ex-CEO del portal inmobiliario alemán Inmobilienscout24, “es una intervención directa del mercado y podría provocar la huida de muchos inversores”.

Por otro lado, Christian Ammann, CEO de la franquicia inmobiliaria Century 21 en Alemania, explica en una entrevista a idealista/news Portugal que se trata de una “jugada peligrosa” y que su puesta en marcha “no va a aumentar la oferta de casas”.

Los expertos recalcan que la solución a la escalada de las rentas pasa por impulsar la oferta de viviendas en alquiler, reforzar el papel de los propietarios para que saquen sus inmuebles al mercado e incluso estudiar la posibilidad de dar ayudas directas a los inquilinos que no puedan pagar precios de mercado, así como mejorar la red de transportes para fomentar que la demanda se reparta a otros municipios de la zona metropolitana de las grandes urbes.

En el caso luso, la vía de aumentar la oferta es precisamente la misma que defiende Ana Pinho, secretaria de Estado de Vivienda de Portugal, que aspira a captar el interés de los inversores internacionales en el sector del alquiler asequible. El año pasado el país aprobó una ley cuyo objetivo es aumentar la oferta pública de pisos con 170.000 unidades, para destinarlos tanto a la venta como al alquiler, elevando su cuota en el parque total de viviendas hasta el 5%.