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Las Administraciones preparan más de 8.200 viviendas destinadas a alquiler asequible

La mayoría forman parte del Plan 20.000 de alquiler social o asequible bajo gestión público-privada

Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana / Gtres
Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana / Gtres

El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, ha destacado durante su comparecencia para valorar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que bajo ningún concepto “se cuestiona la política de corto y medio plazo del Gobierno en materia de incrementar la oferta de vivienda a precios asequibles. La resolución no va a entorpecer las medidas pensadas como el Plan 20.000”, ha agregado.

La resolución del Constitucional avala el grueso del RDL de alquiler de 2019, pero rechaza dos disposiciones adicionales, una de ellas relacionada con la promoción de vivienda en alquiler asequible en suelo público pero que será gestionada por empresas privadas. “Lo que se ha tumbado es el carácter de urgencia de esta medida, no su sentido final de medidas relacionadas con la movilización de suelo público para la construcción de vivienda pública en alquiler asequible”, ha concretado.

El Plan 20.000 Viviendas supone aumentar el parque de viviendas público destinados a un alquiler asequible. El actual parque público de viviendas español representa solo un 2,5% del total de viviendas en España, es decir, alrededor de 642.500 pisos entre todas las administraciones. El objetivo del Gobierno es alcanzar el 8% para 2030, un porcentaje que seguiría por debajo de la media europea del 10%.

A través de la Entidad Pública Empresarial de suelo (Sepes), se está gestionando la cesión de derechos de superficie sobre suelos pertenecientes a la Administración General de Estado, y al acuerdo con otras administraciones, para la construcción de esas viviendas, que se gestionarán bajo esquemas de asociación público-privada.

El secretario de Estado ha asegurado que se encuentran ultimando la licitación de las primeras 5.000 viviendas de este plan 20.000. “Prácticamente estamos en disposición de empezar la tramitación para construir en torno a 5.000 viviendas. Estarán en las zonas más tensionadas del país”, ha confirmado.

La intención del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es la cesión de esos suelos públicos para que el inversor privado sea el que construya las viviendas para destinarlas al mercado del alquiler, pero a un precio asequible. A cambio podrá gestionar los inmuebles durante un periodo aproximado de 50 años. Pasado este tiempo, esas viviendas pasarán a engrosar el parque público de viviendas.

A estas 5.000 viviendas hay que sumar las 3.260 casas que se encuentran en distintos estados de construcción procedentes del Plan Estatal de Vivienda, con más de 120 convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos.

El Ministerio ha aportado 55 millones de euros, que junto con las aportaciones de CC.AA. y Ayuntamientos, cuenta con una inversión total de 330 millones de euros.