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El Consejo de Garantías, en contra de la ley catalana que avala la okupación ilegal

El nuevo decreto ley catalán ha levantado mucha polémica

Autor: Redacción

El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), el órgano encargado de vigilar que las leyes catalanas se ajusten a la Constitución Española y al Estatuto catalán, estima que el decreto ley 1/2020 de Cataluña vulnera los derechos de los propietarios porque avala la ocupación ilegal.

Según su dictamen, considera que la norma catalana “legaliza” la ocupación bajo “la influencia de Podemos”. En concreto, el CGE establece que la nueva redacción a la definición de “vivienda vacía” es “inconstitucional porque vulnera los artículos 9.3 y 33 de la Constitución, por lo que hace referencia a la supresión como causa justificada de la desocupación permanente de la vivienda la ocupación de ésta sin título legítimo, cuando la persona propietaria acredite haber iniciado las acciones judiciales adecuadas para la recuperación efectiva de la posesión, antes de cumplirse el plazo de dos años por considerar la vivienda como vacía”.

Esta nueva definición de vivienda vacía está todavía pendiente de convalidación en el Parlamento de Cataluña (es el Decreto Ley 1/2020 que se aprobó el pasado 21 de enero). Deja claro que la ocupación sin título legítimo no impide que una vivienda se considere vacía, aunque el propietario haya iniciado acciones judiciales.

Además, el Consejo de Garantías recuerda que la nueva ley de vivienda ya convalidada en el Parlamento establece una medida que ya ha traído mucha polémica: obligar a los inversores a ofrecer alquileres sociales a okupas que hayan ocupado una vivienda vacía (adquirida tras una ejecución hipotecaria, en dación en pago o desahucio) si los mismos demuestran que estaban ocupando la vivienda desde antes del 30 de junio de 2019 (6 meses). Y los grandes arrendadores (bancos o fondos) no se salvarán, aunque hayan interpuesto la correspondiente denuncia por okupación ilegal en el juzgado.

El CGE señala en este punto una vulneración de la Constitución Española. “El establecimiento de importantes sanciones y multas económicas en los casos de falta de una oferta de alquiler social previo a la interposición de una demanda judicial podría considerarse una restricción o un freno que obstaculiza indebidamente la libre decisión de interponer la pertinente demanda de recuperación de la posesión ilegalmente perdida (artículo 250.1.4t de la Ley de Enjuciamiento Criminal), con la consiguiente vulneración del artículo 24 de la Constitución”.

Además, el Consejo de Garantías estima que “si el propietario que se propone recuperar judicialmente la posesión cumpliera con dicha obligación e hiciera la oferta de alquiler social, una vez ésta fuera aceptada por el ocupante, la pretensión de recuperar la plena posesión de la vivienda se vería frustrada, por imperativo de esta misma norma, como mínimo, como hemos visto, por la duración prevista por la legislación de arrendamientos urbanos, que puede ser objeto de renovación, también forzosa, por otro período igual, si se mantiene los parámetros de exclusión residencial”.