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Azora contesta a las críticas de Ada Colau: pide más VPO y no intervenir la vivienda libre

Ada Colau ha tildado de "desmesurado" el incremento de los alquileres de las viviendas de Azora

Ada Colau
Ada Colau

El Ayuntamiento de Barcelona entra de lleno en la guerra entre los vecinos de la capital catalana con el fondo de inversión Azora. Ada Colau ha tildado de "desmesurado" el incremento de los alquileres de las viviendas propiedad de Azora, y ha asegurado que han detectado la presencia de cláusulas abusivas en contratos. El fondo, por su parte, defiende que “son las administraciones públicas las no están cumpliendo con su responsabilidad de generar VPO”, además de pedirles que “dejen de intervenir en la vivienda libre”, ya que eso sólo hará que “se reduzca la oferta”.

En el pleno de Barcelona del pasado viernes se acordó una declaración institucional en la que reprocha al fondo de inversión Azora su actuación en el mercado del alquiler de la ciudad. "Quiero dejar muy claro que el Ayuntamiento está del lado de los inquilinos, sin duda", aseguró la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en una intervención al finalizar el pleno.

El documento exige a Azora que negocie con los vecinos y el Sindicat de Llogaters para renovar los contratos de alquiler, y ha recordado que el fondo cuenta con 232 pisos de alquiler en la ciudad. "Las subidas que Azora impone a sus inquilinos superan en desmesura los precios medios del mercado que señala el Índice de Precios de la Generalitat", ha señalado el texto.

Azora, por su parte, ha explicado a idealista/news que “considera injustas las campañas en su contra por parte de determinadas organizaciones sociales” y que considera “un ataque a cualquier propietario privado que decida poner en alquiler una vivienda en el mercado libre”.

Las administraciones públicas no están cumpliendo con su responsabilidad en materia de política de vivienda, trasladando esa responsabilidad a los propietarios privados, a los que imponen cargas que no les corresponderían asumir.  Azora echa en falta políticas públicas de vivienda de su parte que solucionen los problemas reales de la vivienda en Cataluña”, dicen.

“Consideramos que las tensiones en el mercado de vivienda en alquiler tienen que ver principalmente con vivienda protegida y social, y que no es acertado tratar de abordar esa situación interviniendo en el mercado libre. La clave radica en aumentar la oferta de vivienda en alquiler, y las autoridades deberían crear leyes para promocionar este aumento de oferta y entender que las plataformas institucionales no son el problema, sino que son parte de la solución. Básicamente, porque son los inversores privados los únicos que pueden financiar las viviendas necesarias para poner en alquiler, no solo en Cataluña sino en toda España”.

El Sindicat de Llogaters, tercero en discordia

Colau también agradeció en el documento el trabajo del Sindicat de Llogates: "Se está vulnerando sistemáticamente el derecho a la vivienda en nuestra ciudad. Y estamos aquí para ponernos de su lado. Se debe cumplir con la legalidad vigente".

Marta Ill, portavoz del Sindicat de Llogaters, dijo que las subidas se hacen de forma "fraudulenta y encubiertas en forma de bonificación", y que Azora se niega a darles más información a los inquilinos. "Los vecinos que se han quejado y se han sindicado han sido amenazados con no renovarles el contrato o, directamente, echarles de sus casas", ha advertido Ill.

Azora, por su parte, asegura que “las campañas de ciertas organizaciones sociales buscan dar una imagen distorsionada de la realidad”. “Son cientos los vecinos que están satisfechos con los servicios prestados, son cientos los vecinos que renuevan sus alquileres con nosotros, son cientos también los ciudadanos que firman nuevos contratos con nosotros cada mes por sus ventajas competitivas y su profesionalidad. 

Guerras abiertas en cinco bloques de la ciudad

Azora, uno de los principales caseros de España, ha visto en los últimos meses cómo decenas de familias de hasta cinco fincas propiedad de esta empresa, ubicadas en cuatro municipios catalanes distintos, se han unido para exigir una negociación colectiva y que se paralicen unas subidas de alquiler generalizadas que consideran “abusivas”.

Estos activos están ubicados en Barcelona (en los barrios de Vallcarca y Clot), l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa y Badalona. Estos últimos, una comunidad de 100 viviendas, fueron los que hicieron saltar las alarmas a finales del año pasado, pocos meses después de que Solvia, la inmobiliaria del Banc Sabadell, vendiese entera su finca a Lazora, vehículo controlado por Azora. Según los inquilinos, en julio se les comunicó el nuevo propietario y en septiembre ya llegó el primer burofax, que informaba que le iban a subir un 80% el alquiler.

Según Azora, “en la actualidad, y como es el caso de Badalona, se están actualizando las rentas de acuerdo al precio de referencia de la misma zona por una vivienda del mismo tipo. Las viviendas son de tipología media-alta. En aquellos casos en los que las viviendas son protegidas, estas actualizaciones de renta están tasadas y fijadas por la normativa vigente y aprobadas por el Ayuntamiento de Barcelona (en el caso del edificio de Alfonso Comins, ubicado en el barrio de Vallcarca).