Información sobre vivienda y economía

Barcelona sigue su ‘caza’ al inmobiliario y abre un expediente al fondo de inversión Vauras

El Ayuntamiento de Barcelona sigue su caza contra el negocio inmobiliario

Fuente: Ajuntament de Barcelona
Fuente: Ajuntament de Barcelona
Autor: Redacción

El Ayuntamiento de Barcelona sigue su caza contra el negocio inmobiliario. Tras posicionarse en contra del negocio de Azora en la capital catalana, la concejala de Vivienda y Rehabilitación, Lucía Martín, ha anunciado que consistorio ha presentado un expediente sancionador al fondo de inversión Vauras por no haber ofrecido alquiler social a seis familias que ocupaban el edificio Bloc Llavors hasta el pasado martes 2 de marzo, tal y como han anunciado en un comunicado.

La multa para cada una de estas faltas puede llegar a los 90.000 euros y, por lo tanto, la sanción podría subir hasta el medio millón de euros. Martín ha explicado que estas sanciones no tienen afán recaudatorio. “No queremos cobrar estas sanciones, queremos obligar a las grandes entidades que han provocado esta situación de emergencia habitacional a corresponsabilizarse y buscar soluciones que tienen que pasar por el ofrecimiento de alquileres sociales”, explica.

La búsqueda de soluciones no puede recaer solo en el Ayuntamiento, debe recaer también en estos grandes propietarios que se han enriquecido con la crisis habitacional que también han provocado”, añade la concejala.

La posibilidad de multar al fondo de inversión Vauras por su actuación en el caso del Bloc Llavors proviene del Decreto Ley 17/2019, aprobado recientemente por el Gobierno de la Generalitat. Este decreto obliga a los grandes propietarios a ofrecer alquiler social a aquellas familias vulnerables a las que se les acabe el contrato de alquiler, se encuentren afectadas por procesos de desahucio o lleve más de seis meses ocupando la vivienda sin ningún tipo de contrato. 

Este último es el caso de las seis familias vulnerables que, hasta el dos de marzo, ocupaban el Bloc Llavors de la calle Lleida, en el barrio de Poble Sec. Este decreto ha sido puesto en tela de juicio por los jueces que lo consideran solo una norma administrativa sin efectos judiciales, y esto ha hecho posible la nueva orden de desahucio ejecutada hoy. Martín ha denunciado que los jueces están haciendo una “interpretación restrictiva e inadecuada” de este decreto y ha anunciado que desde el Ayuntamiento trabajaran para que se cumple.

Se ha mostrado crítica también con el Gobierno de la Generalitat que, “por un lado ha aprobado una ley garantista y por otro lado despliega dispositivos policiales desproporcionados que facilitan que no se aplique”. También ha criticado que el fuerte dispositivo policial ha dificultado la actuación de los dispositivos municipales para atender a las familias cuando lo que tendrían que hacer es facilitarla.